Los padres, los hijos a partir de la adolescencia, la sociedad en general y los funcionarios del Estado, tenemos la obligación de prevenir la comisión de daños y delitos que atenten contra la familia, célula fundamental de la sociedad.
Esta obligación es universal y no tiene matices religiosos, ni políticos. Es universal porque de la preservación de la sanidad integral de la familia depende en gran parte la felicidad de los seres humanos y la prosperidad de los pueblos.