Desde el año 2014, propuse que para sembrar conciencia de paz y tolerancia y minimizar el número de mujeres asesinadas por celos, se establezca el día mundial sin celos el que se realizará el último sábado de mayo y el último sábado de noviembre, ambos extendidos hasta el domingo siguiente. Noventa y seis horas de inmersión total en cultura de tolerancia, civilidad y respeto que tendrían amplio espectro en todas las restantes horas del año.

En esta noble tarea de sensibilización debemos participar todos: Los ministerios de familia, educación, salud, trabajo, justicia, los organismos defensores de la mujer y la familia, el I.C.B.F., las instituciones educativas, la radio, televisión, prensa, redes en general, psiquiatras, psicólogos, médicos familiares, abogados penalistas y de familia, fiscalía, defensores de derechos humanos, policía de infancia y adolescencia, comisarías de familia, expendedores de licor, apologistas de música que promueve la violencia y la represalia afectiva y en los diferentes países los organismos pares a los mencionados.

La propuesta quedó y aun cuando no ha tenido suficiente eco, hay tiempo todavía para hacerla realidad y más que tiempo lo que tenemos son razones para aceptar el reto.

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Y bien se sabe que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

De lo transcrito podemos hacer la siguiente lectura: La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes, para garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de su derecho fundamental a la educación.

Y también esta otra: La pareja, papá y mamá, hombre y mujer, tiene derecho a decidir DE MANERA RESPONSABLE Y LIBRE el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos conforme lo ordena la Constitución, mientras los hijos sean menores o impedidos. Por jurisprudencia aceptada por toda la sociedad, los hijos mayores de 18 años y menores de 25, se consideran impedidos si estudian con responsabilidad y diligencia y además si son respetuosos con sus padres, es decir, si no cometen contra ellos, ningún acto de injuria.

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La experiencia me ha enseñado que el delito de inasistencia alimentaria se ha convertido en un medio de venganza, de desprestigio y acción para golpear a los menos favorecidos. Si hay opción de embargar todo, y en este aspecto me refiero al salario mínimo, la pensión, las rentas, las comisiones, no hay razón para presentar una denuncia penal que a la larga es costosa para el denunciante, para el denunciado, para la sociedad y para el Estado, en vez de iniciar un cobro civil que se puede adelantar sin abogado y con la ayuda de los defensores de Familia y los personeros en los municipios. Un preso, o interno como lo llaman ahora, le cuesta al Estado cerca de 3 millones mensuales y los hijos del detenido siguen sin alimentos. ¡Qué ironía!

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