La realidad social demuestra que las discusiones en torno a la OPCIÓN DEL ABORTO, mal entendida como derecho fundamental, se refieren a la necesidad de facilitar los procedimientos cuando esté justificada la causa para hacer el procedimiento.
Y la regulación, la reglamentación para hacer efectiva la opción justificada del aborto, es de competencia del Señor Presidente como lo ordena el Art. 189 – 11 de la Constitución.
Para lograr embarazos responsables se deben autorizar, sin restricciones, todos los métodos anticonceptivos y que sea política de estado que haya CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES.