Uno de los fines del llamado Estado, mejor de los funcionarios públicos, es asegurar a las personas el conocimiento, dentro de un marco democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana.
Por esta razón, en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, es obligatorio el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica, mandato que aun cuando es de origen constitucional, no se cumple y menos la instrucción y formación para la civilidad, o sea para una sana convivencia y para el cumplimiento de los deberes sociales y el respeto de los derechos correspondientes.
Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho fundamental a la educación y la cultura, conforme a las leyes nacionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia.
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